La soterrada batalla por el oxígeno
Seis años demoró la Corema en pedir el decreto que dictamina un estado preventivo medioambiental por alto esmog. El problema lo tenían dos comunas –Talcahuano y Hualpén-, pero la autoridad involucró a las otras ocho. Con eso, vaticinan expertos, se impondrán nuevas e innecesarias restricciones a una comunidad que soporta, hace rato, una de las cesantías más altas del país.
Luz María Astorga para El Diario El Sur.
Es inminente. La Octava Región será rotulada como “zona latente” por su esmog y diez de sus comunas sufrirán el efecto de este “plan preventivo” que impactará a la actividad económica, a eventuales nuevas inversiones y, de más está decirlo, a la ya alta tasa de desempleo que, según los últimos datos del INE, en Talcahuano alcanza a 14,5%, en Lota 16,4% y en Concepción un 14,4%.
Se trata de un asunto que agita a empresarios y políticos; una historia de desencuentros que por seis años tensionó las relaciones con el director de la Corema, Bolívar Ruiz, un socialista al que le atribuyen errores y discrecionalidades (ver recuadro).
La decisión se tomó en marzo pasado, una semana antes del cambio de gobierno, después de un largo y demoroso proceso que fue más allá de todo lo previsible, sin que existiera una explicación oficial. Al menos, nada que pudiera decirse en voz alta y públicamente.
Jaime Dinamarca, gerente de Operaciones y Medioambiente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) tiene la historia fresca.
Afirma que desde 2000, se sabía que Talcahuano había alcanzado niveles de contaminación suficientes como para ser declarada zona de latencia. El sector industrial, agrega, “fue claro y transparente”. Pidió a la Corema que decretara ese estado medioambiental preventivo y adoptara las medidas pertinentes, pero sin conseguir respuesta.
Insistió un par de años después –en 2003 y 2004- igual sin resultado. En junio de 2005 expuso su postura a través de EL SUR, y días después, por primera vez, escuchó la voz de la autoridad: Bolívar Ruiz pedía a la Conama que estableciera el “estado latente”.
De acuerdo a la ley, esta entidad debe a su vez solicitarlo al Ministerio Secretaría General de la Presidencia –entonces en manos del DC Eduardo Dockendorf- para que éste emita un decreto que se somete a aprobación de la Contraloría General de la República y luego se publica en el Diario Oficial.
De dos a diez
Los industriales estaban preocupados. Sabían que si en una “zona de latencia” no se toman las medidas preventivas necesarias, se convierte pronto en “zona saturada” y eso complica no sólo el ingreso de nuevas inversiones y plantas, sino también el funcionamiento de los que están operativos.
Porque, por ley, en ese escenario todos los actores –incluyendo a la dueña de casa que enciende su estufa a leña-, tienen que disminuir sus emisiones en el porcentaje que la autoridad ambiental determine.
Por eso no entendían la demora de la Corema.
Ahora, después de que extraoficialmente ellos y todos en la región se enteraran que la decisión se tomó hace meses, que está lista desde mayo (aunque todavía no se pública), lo que no entienden es por qué la autoridad decidió incluir a las diez comunas, si las complicadas son sólo dos: Talcahuano y Hualpén. Las otras -San Pedro de la Paz, Chiguayante, Coronel, Lota, Penco, Tomé y Hualqui-, en su mayoría la densidad industrial es baja, mal podría estar afectando a las más contaminadas, ni aunque se enciendan salamandras, ni aunque existan calles sin pavimentar, considerando que se trata además de una zona muy lluviosa.
Así lo cree Dinamarca, convencido que la decisión de Bolívar Ruiz fue “lamentable y errada” y que va a poner una “restricción innecesaria” al desarrollo de esas comunas.
-¿Alguien va a apelar? -¿Quién? Los industriales no, porque no están en esas comunas; los alcaldes no parecen interesados… ¿La señora que enciende su estufa? Si los dueños de casa, que son los alcaldes, no dicen nada… El sector industrial pidió la latencia de Talcahuano y Hualpén porque era lo que correspondía de acuerdo a la ley, no se podía hacer otra cosa, pero no correspondía extenderlo a las otras comunas.
Por el lado de la ley
-Ahora, ya está decidido, pero me cuesta entender que considerándose un error, una decisión que afectará económicamente a la zona, no se haga nada más.
-Vamos a actuar de acuerdo a la ley, por los canales establecidos. Porque el director de la Corema no sólo involucró a las diez comunas, sino que también, en paralelo, pidió a la Conama que dicte una norma para emisiones de la industria. Existe una norma de calidad, que establece cuánto material particulado puede tener el aire, pero no cuánto puede emitir cada cual, porque eso dependerá de la zona en que esté.
Agrega: -Bolívar Ruiz pidió esa norma porque dijo que quería generar “un delta de emisiones” para el desarrollo de futuras inversiones. O sea, no está preocupado de la calidad del aire, sino de restringir emisiones a los ya establecidos para dar espacio a nuevas empresas que en este caso tienen que ver con Enap Bío-Bío. No sabemos si esa norma se está haciendo ya, pero si es así, en algún momento nos van a llamar y ahí expondremos nuestro planteamiento.
-¿Me está diciendo que la autoridad piensa apretar a las industrias existentes para hacerle un espacio a las “industrias amigas”? -Lo que hace es casi una expropiación de cupos. Él se va por el lado de la ley, con una decisión discriminatoria, porque lo que la ley dice es que hay que compensar emisiones.
Cuando hay una serie de fuentes, ¿por qué exigirles sólo a algunos? Todos tienen que bajar por igual.
-¿Ya informó a las industrias que tendrán que “compensar” emisiones? -Le mandó carta a dos en Talcahuano, diciéndoles que como esto deberá hacerse, él iba a generar una norma que ayudara. Para eso necesitaba el aporte de $35 millones.
-¿Una donación? -La Contraloría regional se pronunció sobre esto en dictamen N°5.711 del 31 de octubre de 2005, diciéndole que ningún organismo ambiental puede pedir donativos a la empresas privadas, ni menos a las que después deberán pedir autorización a la Corema. ¿Cuál sería la garantía de imparcialidad cuando tenga que evaluar los proyectos?
Diputado Bobadilla: “Un decreto de cesantía”
El diputado (UDI) Sergio Bobadilla exige a Bolívar Ruiz, director de Corema, que exhiba los estudios técnicos que respaldarían la decisión de declaración también como “zona latente” a comunas pobres de la zona, donde prácticamente ni hay industrias. Él representa a Tomé, Penco, Coronel y Hualqui, y no puede entender ni aceptar que “la señora María, que vive en la población Nueva Hualqui, que enciende su salamandra para abrigarse, sea responsable de la contaminación de Talcahuano y Hualpén”, como indica la entidad medioambiental.
Le suena a sin sentido, sin embargo así lo estimó la Corema, argumentando que existe “una cuenca geográfica atmosférica” por la que se expande la polución y por eso debe extenderse la “latencia” a las ocho comunas que viven una realidad muy distinta a la Talcahuano y Hualpén.
“Si me demuestra que eso es así, con estudios, me retractaré públicamente”, sentencia Bobadilla. Mientras, y a la espera de que el decreto se publique en el Diario Oficial, sólo está seguro que “lo que se dictó aquí es un decreto de cesantía sobre la cesantía dramática que ya tenemos”.
Bolívar Ruiz: “No afectará al empleo ni a la inversión”
A Bolívar Ruiz, director de la Corema, le molesta la crítica que “aparte de ser infundada y errónea, evidencia cierta falta de información”.
Se refiere así a los dichos de Jaime Dinamarca, en el sentido que la autoridad demoró cinco años en pedir que la zona fuera declarada como “latente”.
Lo que sucede, dice, es que para pedir el decreto debe existir primero información de monitores autorizados por la Seremi de Salud y esto toma su tiempo. “Decir que los industriales lo pidieron desde 2000, me parece una salvajada. Entonces no había monitores autorizados”.
En todo caso, aclara, cuando Dinamarca planteó el tema “pidió zona saturada, no de latencia”.
Consultado sobre por qué extendió el decreto a las diez comunas, considerando que el problema se centraba en Talcahuano y Hualpén, sube el tono de la voz y repite: “El comentario indica falta de información.
Para esto hay que partir del concepto de cuenca atmosférica, que se define por régimen de viento y meteorología. Si yo, por ejemplo, excluyo a Hualqui, quedaría sin plan de prevención –que es lo que sigue a la latencia- y toda la industria chatarra que no puede estar en otras partes, se irá a instalar ahí”.
Finalmente, frente al emplazamiento del diputado Bobadilla, quien le pidió que diera a conocer los estudios técnicos que avalan la decisión de decretara zona latente en todas las comunas, contesta: “Él es un caballero y no me cabe duda que se va a retractar cuando acceda a nuestra página web y vea todos los antecedentes, y además reciba un nuevo informe actualizado, de parte nuestra”.
Lo más importante, agrega, es que la medida no perjudicará el empleo ni la inversión.
Sofofa: “Se daña credibilidad de la Corema”
Entre las discrecionalidades que ha detectado el abogado Jaime Dinamarca en las decisiones de la Corema, destaca una que cree “provoca un daño tremendo a la credibilidad de la institución, por eso después los ecologistas reclaman”.
El 11 de septiembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial la norma anual de contaminación que regiría en el país. Hasta ese momento, la “norma diaria” establecía que 150 micropartículas era el tope para decretar como “saturada” una zona y 120 para catalogarla “en latencia”. Pero como bajo mirada médica, un largo tiempo sometido a baja contaminación es tanto o más perjudicial que un corto tiempo con alta polución, la Conama decidió establecer un “promedio anual”: 50 micropartículas.
Si alguna zona superara eso por más de tres años, debería declararse “saturada”.
Y eso sucedió en Concepción, según determinó la Contraloría regional, en 2001, 2002 y 2003, sin embargo, la Corema no se pronunció porque, explicó Bolívar Ruiz, el promedio se superaba sólo en una estación que no consideraba representativa.
La verdadera explicación, sin embargo, se relacionaría con proyectos de la industria del plástico proyectados en la zona, de la estatal Enap Bío-Bío. A juicio de Dinamarca, la Corema está cuidando que iniciativas de ese tipo no encuentren mayores dificultades ni deban enfrentar restricciones que encarezcan en demasía el proyecto.
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